ASAJA Granada ha expresado su descontento ante el tratamiento fiscal desigual que el Gobierno central ha aplicado a las ayudas por los daños causados por borrascas. Mientras que las ayudas estatales están exentas del IRPF, las concedidas por la Junta de Andalucía deberán tributar, lo que ha generado críticas por parte del sector agrario andaluz.
La organización agraria denuncia que el Ministerio de Hacienda ha decidido no declarar exentas del IRPF las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía para mitigar los daños provocados por las inclemencias meteorológicas. Esta medida contrasta con el tratamiento que se ha dado a las ayudas estatales, las cuales, según el Real Decreto-ley 5/2028, están exentas de impuestos para los afectados por el tren de borrascas en Andalucía y Extremadura.
El Ejecutivo ha blindado estas ayudas mediante la Orden APA/530/2028, que permite aplicar el régimen de neutralidad fiscal previsto en la normativa. Esto significa que las ayudas estatales quedan exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, beneficiando así a los productores que podrán percibir íntegramente los importes sin incremento de su tributación.
La consecuencia de esta disparidad es que miles de productores andaluces deberán incluir estas ayudas en su declaración del IRPF, lo que podría reducir significativamente el impacto positivo de las mismas. Según cálculos de la Consejería de Agricultura, las ayudas directas movilizadas por la Junta de Andalucía ascienden a más de 200 millones de euros, de los cuales un tercio podría verse afectado por la tributación.
ASAJA Granada considera incomprensible que las ayudas destinadas a compensar los daños causados por un desastre natural no reciban un tratamiento fiscal uniforme, lo que podría agravar la situación de los agricultores y ganaderos andaluces. La organización ha solicitado una revisión urgente de esta decisión para equiparar las ayudas autonómicas con las estatales.
El debate sobre el tratamiento fiscal de las ayudas por desastres naturales sigue abierto, y ASAJA Granada ha instado al Gobierno a reconsiderar su postura para evitar una discriminación que perjudique al campo andaluz.
