A las seis de la mañana, cuando todavía no ha salido el sol, el campo ya está en marcha. Los tractores arrancan, los animales esperan y los agricultores inician una jornada que lleva décadas sosteniendo una parte esencial del país: producir alimentos. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente. Este esfuerzo, que antes era rutina, ahora es un ejercicio de incertidumbre. Ya no depende solo del sol o de cómo venga la campaña. Es otra cosa: trabajar más, y aun así, no saber si va a merecer la pena.
«Cada vez es menos rentable ser agricultor o ganadero», resume Juan José Álvarez, secretario de Organización de Asaja. Lo que antes eran años malos se ha ido convirtiendo en un desgaste más estable: costes al alza, precios que no acompañan y márgenes cada vez más estrechos.
Ahí está el problema. En los números. En los últimos años, el gasóleo agrícola y los fertilizantes han incrementado su precio en un 45%, mientras los precios en origen apenas se han movido. La cuenta no sale. Muchas explotaciones siguen adelante en condiciones límite, algunas incluso vendiendo por debajo de sus propios costes. «Así no se puede seguir», insiste Álvarez.
La presión se ha acentuado en las últimas semanas con otro golpe derivado de la escalada bélica en Oriente Medio: el combustible. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denuncia que la subida del gasóleo agrícola responde en parte a movimientos especulativos. «Las seis principales petroleras han ganado 217.000 millones de euros desde que comenzó la guerra. Es indignante», sostiene. Más allá del dato, el campo preocupa que el gasóleo B haya subido más que el de uso general.
Para UPA, esto agrava una situación ya muy delicada. El campo depende de insumos como el combustible o los fertilizantes, y cada subida acaba cayendo en el mismo sitio: el productor. Los afectados reclaman medidas urgentes para evitar que el sistema se desequilibre aún más.
El deterioro no es solo una percepción. El sector lleva más de dos años encadenando caídas en el empleo y en la facturación. Se pierde actividad, se pierden explotaciones y se vacía poco a poco el medio rural. Y eso acaba notándose.
El problema no es solo que no salgan las cuentas. Es que el campo español se está dejando peso en el camino. En Europa, otros países avanzan más rápido. Desde antes de la crisis financiera, la producción agraria en España apenas ha crecido, mientras que en el Este europeo o en Francia lo ha hecho con mucha más intensidad.
A ello se suma el impacto del clima. La sequía de las últimas campañas ha reducido rendimientos y ha convertido cada cosecha en una incógnita. Pero no todos lo sufren igual. Mientras las explotaciones tradicionales afrontan restricciones cuando escasea la lluvia, los modelos más intensivos, ligados a grandes inversiones, logran mantener cierta estabilidad. Es una diferencia que el sector señala cada vez con más claridad.
También ocurre con las ayudas. La Política Agraria Común refleja una fuerte desigualdad: una minoría concentra una parte significativa de los fondos, mientras la mayoría de los agricultores y ganaderos recibe mucho más reducida. Esa minoría quien puede resistir mejor las crisis.
Todo esto se agrava con la incertidumbre de los acuerdos internacionales. El acuerdo con Mercosur, abren oportunidades, pero también amenazas para el sector. La competencia con productos de otros países, en ocasiones, es desleal, y la visión es distinta. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha insistido en que el Gobierno está trabajando para proteger al sector, pero los agricultores piden más acciones concretas.
El campo español está en una encrucijada. Necesita apoyo, inversión y políticas que entiendan su realidad. De lo contrario, el riesgo es que se pierda una parte esencial de la economía y la cultura del país.
