La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha anunciado la convocatoria de ayudas directas para los trabajadores afectados por las inundaciones ocurridas en febrero de 2026. Estas ayudas están destinadas a compensar la pérdida de ingresos de aquellos trabajadores que se vieron afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en las zonas impactadas por el fenómeno meteorológico.
Según el Acuerdo 16/2026, de 26 de febrero, estas medidas buscan mitigar las consecuencias económicas de las graves inundaciones y facilitar la recuperación de las áreas afectadas. La ayuda se establece en 10 euros por jornada de suspensión o reducción, con un límite máximo de 3,000 euros por trabajador.
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), permite a los beneficiarios solicitar un anticipo del 100% de la ayuda, asegurando así una rápida liquidez para los trabajadores damnificados. Las solicitudes para estas subvenciones podrán presentarse entre el 23 de marzo y el 6 de abril de 2026.
Podrán optar a estas ayudas los trabajadores por cuenta ajena, incluidos aquellos con contratos indefinidos fijos-discontinuos, que hayan prestado servicios en los centros de trabajo de las zonas afectadas y cuya base de cotización no supere los 4,000 euros mensuales. Es imprescindible que estos trabajadores hayan estado afectados por un ERTE durante el mes de febrero de 2026.
El periodo subvencionable para el que se puede solicitar la ayuda comprende desde el 1 de febrero hasta el 20 de octubre de 2026. La tramitación de las solicitudes se llevará a cabo ante la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, requiriendo la acreditación de identidad y, en caso de no percibir prestación por desempleo, un certificado de la empresa indicando las jornadas de afectación.
Esta iniciativa forma parte del programa ATRER, que incluye mejoras para garantizar que el apoyo llegue de forma inmediata a los afectados. Los beneficiarios podrán acceder a la ayuda desde el primer día, sin necesidad de cumplir con un número mínimo de jornadas afectadas.
Con esta medida, la Junta de Castilla y León busca no solo paliar las pérdidas económicas de los trabajadores afectados, sino también contribuir a la estabilidad económica de las zonas impactadas, promoviendo una recuperación más rápida y efectiva.
